Bogotá es una de las ciudades que concentra la mayor cantidad de factores generadores de desequilibrio ambiental, y que propician conflictos de cuya solución el país espera prácticas lecciones que comprometan un aprendizaje para tramitar desencuentros que desde lo ambiental comprometen el bienestar del resto de los Colombianos.
La capital se caracteriza por la existencia de situaciones de conflicto ambiental que se encuentran íntimamente asociadas a circunstancias generadores de inequidad y pobreza, por lo que una adecuada gestión ambiental en Bogotá, demanda niveles mínimos de intervención en la atención a problemas de índole social vinculados usualmente a la realización de derechos fundamentales. La disponibilidad de vivienda, el suministro de agua potable, el saneamiento básico, la adecuada prestación del servicio de salud son elementos vinculados indefectiblemente a soluciones definitivas para las principales problemáticas ambientales presentes en el país.
En este sentido, la apuesta ambiental de la administración del alcalde electo Samuel Moreno, no puede ser diferente a la abordada por el alcalde Lucho Garzón: soluciones integrales que asocian la realización de derechos y garantías mínimas de los ciudadanos, participación social en la construcción de respuestas a las problemáticas ambientales de la capital, acciones en salud pública preventivas tendientes a reducir los factores ambientales que deterioran las condiciones de salud pública de los Bogotanos, particularmente de los grupos mas vulnerables; y reordenamiento de territorio con miras a asegurar condiciones de equidad que reduzcan las presiones sobre los recursos naturales renovables, particularmente sobre los elementos que integran la estructura ecológica principal de la ciudad y que aseguran una adecuada oferta de bienes y servicios ambientales para los Bogotanos.
En este ámbito integral de intervención, el alcalde electo debe propiciar soluciones a problemáticas postergadas por décadas, y en este sentido, el río Tunjuelo puede considerarse el eje central de acción en el sur de la ciudad, ya que en esta cuenca confluyen como en ninguna otra en el país, conflictos de diversa índole con incidencia ambiental (relleno sanitario de Doña Juana, explotación minera en el valle aluvial del río, vertimiento de aguas residuales domésticas, contaminación por vertimiento de metales pesados en la zona de curtiembres de San Benito, etc).
La solución definitva a los problemas presentes en los Cerros Orientales de Bogotá se asocian directamente al destino de normativas recientemente expedidas, que como la Ley Forestal, están siendo controvertidas ante la Corte Constitucional, por lo que se espera que el Distrito, desde el ámbito legislativo, aborde con mayor interés la dicusión y cosntrucción de propuestas frente a temas que como este le son de particular interés. El restablecimiento del trabajo en la construcción de una visión de ciudad-región debe permitir la coincidencia de esfuerzos entre la Nación, la región y el Distrito.
Resulta apremiante resolver el pálido desempeño que la institucuionalidad ambiental del Distrito ha tenido en los últimos años; el DAMA, rebautizado como Secretaría de Ambiente en otra oportunidad perdida en la reciente reforma administrativa Distrital, no es hoy ni la sombra de la autoridad ambiental urbana que definió el camino a seguir en la construcción de una adecuada gestión ambiental de los grandes centros urbanos del país, bajo importantes administraciones como las de Eduardo Uribe Botero y Manuel Felipe Olivera. Lo institucional sigue en deuda con el Distrito, y particularmente con las localidades, la desconcentración del ejercicio de la autoridad ambiental se hace urgente y necesaria, al igual que la especializacíon del nivel central en la formulación de políticas y regulaciones ambientales para el Distrito; en este sentido, de Samuel Moreno esperamos una apuesta decidida por el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental en la capital.
Por último, debemos decir que el Distrito demanda de una vez por todas la creación de espacios dentro de su institucionalidad que aborden de manera especializada la construcción de una gestión sólida frente a la minería y en relación con la agricultura y ruralidad de la capital; la hoy Secretaría de Ambiente no puede seguir a cargo de estos dos temas y propiciar la construcción de verdaderas políticas de desarrollo y promoción de una adecuada minería, de una agricultura sostenible e integrada al resto de la ciudad, y menos aún generar posiciones fuertes desde el Distrito en la construcción de la política y la regulación minera y agrícola Nacionales, fundamentales para el desarrollo económico y social de la ciudad.
En conclusión, resulta evidente que el diseño de una adecuada política ambiental que responda real y efectivamente a las necesidades de los Bogotanos, debe partir del posicionamiento del tema en la discusión del Plan de Desarrollo que habrá de venir, del fortalecimiento de la institucionalidad encargada de la gestión ambiental en la ciudad, y de la capacidad del Alcalde de construir un equipo de trabajo que en este tema, se encuentre sintonizado con las soluciones estructurales a los problemas, capaz de impedir la improvisación, y sobre todo de integrar adecuadamente la gestión ambiental Distrital a lo que esta sucediendo en la región y en la Nación, de tal suerte que se compartan responsabilidades con estos niveles frente a la construcción de soluciones definitivas a las problemáticas ambientales de Bogotá.
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